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SuárezCiudad acompaña en todos sus términos, el comunicado de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que aquí reproducimos. Nos sumamos a esta querida comunidad educativa -que desarrolla un inmenso trabajo educativo liberador, con los y las jóvenes de los barrios populares de José León Suárez- en el repudio a los dichos discriminatorios del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri.

Foto de archivo

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Por Eduardo Verón y Raúl Bermúdez

El ferrocarril que unía las estaciones de Retiro con Villa Ballester extendió su recorrido local, y el 10 de mayo de 1932 quedó inaugurada la “Parada Kilómetro 24”. En 1940 se convertiría en la estación José León Suárez.

El nombre corresponde a un abogado y escritor bonaerense, nacido en Chivilcoy, dedicado al derecho internacional, fundador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que participó activamente en la creación del Ministerio de Agricultura de la Nación, y estuvo al frente de cátedras de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue presidente del Instituto Iberoamericano, institución que fue usina de ideas y acciones en torno a las identidades nacionales y la justicia internacional. José León Suárez murió en 1929 y sus restos descansan en el templo de la parroquia Inmaculada Concepción de María, a cargo de los frailes franciscanos.

Su importante legado, motivó a los miembros del Instituto Iberoamericano a proponer que la parada de tren llevara su nombre. Esta propuesta se impuso a la de la sociedad de fomento “Parada Kilómetro 24”, formada por vecinos de la reciente localidad, que propuso el nombre de “Martín Fierro” como forma de homenaje al escritor José Hernández, que nació en la cercana Chacra Pueyrredón o “Perdriel”, en Villa Ballester.

Las tierras del hoy José León Suárez, constituyen un territorio en disputa y luchas permanentes. desde los tiempos de la conquista española. Aquí vivieron pueblos originarios querandíes, que habitaban la región aprovechando sus recursos naturales. Posteriormente, con la segunda fundación en 1580 del puerto de “Santa María del Buen Ayre”, por Juan de Garay y sus soldados provenientes de Asunción del Paraguay, las tierras fueron repartidas a familias españolas.

Aquí también tuvieron lugar batallas entre los “gauchos de Pueyrredón” y el ejército imperial inglés, en la gesta de la “Reconquista” de Buenos Aires, después de la primera invasión inglesa en 1806. Puntualmente los combates ocurrieron en territorio de “las chacras de Perdriel”, que ocupaban parte de lo que hoy es Villa Ballester y José León Suárez. Por eso se le cambió el nombre al río que atraviesa nuestras tierras y que los españoles llamaban “de las Conchas”, por la gran cantidad de caparazones de moluscos o caracoles que había en su lecho.

Este dato y el hecho de que los componentes principales de la dieta de los querandíes fueran el pescado y sus derivados en forma de harina y manteca, la práctica de caza de carpinchos y nutrias, nos da una dimensión de lo que se ha perdido en biodiversidad con la contaminación ambiental posteriormente sufrida.

Durante el siglo diecinueve (XIX) fueron tierras de descanso en sus quintas para familias criollas de elites. En el siglo veinte (XX) se construyeron las piletas “Marimón”. Incluían una pileta olímpica, que se iniciaba en el cruce de las calles José Ingenieros y Artigas. Durante el “primer peronismo”, en las décadas de 1940 y 1950 con la instalación de industrias en el proceso de “sustitución de importaciones”, se produjo una fuerte migración desde áreas rurales.

El golpe de Estado oligárquico de la “Revolución fusiladora”, llamada “Libertadora” por sus organizadores, entre otras atrocidades antidemocráticas y antipopulares, incluyó los “fusilamientos de José León Suárez” en 1956, de militantes obreros peronistas, en lo que entonces eran basurales y hoy es un complejo municipal que incluye natatorio y establecimientos educativos.

Desde 1960 con proyectos urbanos diseñados por Roberto Lanzone y Carlos Graffigna, avanzan los loteos de tierras. En tiempos de la última dictadura oligárquica, nuestro territorio no quedó exceptuado de lo que sucedió en el resto de país, no solo con la detención y desaparición de personas sino por políticas urbanísticas como la construcción de la ruta Camino del Buen Ayre y del puente General Savio, que pasa por arriba de la estación José León Suárez.

Asimismo, la creación de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), para la disposición final de residuos de la ciudad de Buenos Aires y otros partidos de la Región Metropolitana. Este hecho dio inicio a un terrible proceso de contaminación ambiental que afecto las napas subterráneas de agua, que dejaron de ser aptas para el consumo humano, por la filtración de elementos nocivos provenientes de la basura enterrada en los llamados “rellenos sanitarios”.

El desalojo compulsivo y la expulsión y traslados violentos de familias expulsadas de villas de la Capital Federal, durante la dictadura, dio lugar a la formación de nuevos barrios. en bañados cercanos al río, que componen su “lecho ancho”, sumándose al proceso de una nueva conformación territorial que hoy llamamos Área Geográfica Reconquista” (AGR).

Tal como en otros puntos del país, la crisis de finales de la década de los 90´ y del 2001 golpeó fuertemente a la población suarense: miles de vecinos quedaron desocupados y encontraron la subsistencia por medio del cartoneo, el cirujeo en la quema (montañas de residuos en la CEAMSE), el trueque y la venta ambulante. En 1998, como consecuencia de esta coyuntura histórica, mediante la toma de tierras abandonadas y convertidas en basurales a cielo abierto, se fundan dos barrios: “8 de mayo” y “Costa Esperanza”, que están celebrando sus 28 años de existencia y organización.

La crisis económica y social producto de las políticas conocidas como “neoliberales”, de desindustrialización, apertura indiscriminada de importaciones y extranjerización de la economía, en manos de grandes conglomerados multinacionales, también golpeó al centro comercial de José León Suárez. La caída de ventas y el cierre comercios, acompañó a la quiebra de las pequeñas y medianas industrias (Pymes).

Este proceso fue resistido a comienzos de nuestro siglo, desde la entonces Cámara de Comercio,Industria y Profesionales de José León Suárez (Cacip-JLS) y por redes de organizaciones como la “Mesa de Entidades” de JLS, que agrupó a las instituciones suarences más tradicionales y la “Mesa Reconquista” que reunió a las organizaciones con presencia en los barrios populares.

Entre centro y periferia, somos cerca de un tercio de la población total del partido de General San Martín. Vivenciamos la diversidad como identidad. Somos una población de formación “aluvional”, formada por capas superpuestas de variadas migraciones en permanente proceso de integración: de origen europeo (sobre todo de regiones de Italia), del noroeste (NOA) y del litoral (NEA) de nuestro país, de otros países latinoamericanos, de Asia y de África. Esto nos da una identidad cultural muy particular que se distingue tanto de las megaciudades como de las áreas rurales, sobre todo en las nuevas generaciones.

Nos atraviesan la pobreza, la marginación, el narcotráfico y la violencia. Pero también contamos con “Comunidad organizada” en permanente construcción: clubes deportivos y de colectividades, centros culturales, iglesias, bibliotecas populares, sociedades de fomento y juntas vecinales, una radio comunitaria como FM Reconquista, que en marzo de este año cumplió 38 años de transmisión ininterrumpida, gestionada por la Asociación de Mujeres “La Colmena”, cooperativas de trabajo y de reciclado como la “Bella Flor”, escuelas primarias y secundarias, jardines maternales y de infantes, entre ellos el primer jardín de infantes de gestión comunitaria “La Colmenita” -ni privado ni estatal- de General San Martín, incorporado a la enseñanza oficial provincial, centros de cuidados infantiles (CCIs) Centros de Encuentro Comunitario (CECs), juveniles y parques escuela municipales, centros provinciales socioeducativos y comunitarios y de formación laboral (CFLs), el Natatorio municipal y el Centro Municipal de Educación Física (CEMEF), la Escuela de Música, Danza y Circo, centros de atención primaria de la salud (CAPS), redes barriales como la de la Cárcova, agrupaciones políticas, sindicales, de jóvenes, de personas adultas mayores, etc.

También las cárceles, con su triste realidad, pero con mucha gente que intenta que funcionen como unidades de resocialización liberadora: La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y las pastorales carcelarias de las iglesias. Hace años que se viene produciendo un fuerte proceso de urbanización en las cercanías del río. También hay movidas e iniciativas para recuperar el acceso a su costa.

Si la Patria recupera políticas de obras públicas que el gobierno nacional actual ha desechado, en pocos años, lo que hoy consideramos “el fondo” de Suárez, se convertirá en otro “frente” de nuestra ciudad. Nos acercamos al centenario del hecho fundacional de la llegada del tren a nuestro territorio, siempre en movimiento, siempre creando y construyendo, siempre en lucha.

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Los desacuerdos y las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la jerarquía de la Iglesia Católica se hacen cada día más evidentes.

Por Washington Uranga (*)  

Los obispos se pronuncian sobre los temas que consideran que afectan derechos o la calidad de vida de las personas y el gobierno ignora sistemáticamente todas las advertencias. No hay enfrentamientos estridentes, pero tampoco hay diálogo productivo. Se mantienen abiertos los canales institucionales pero ese contacto no va más allá de las formalidades. La jerarquía eclesiástica --históricamente acostumbrada a ser un interlocutor habitual del poder político-- hoy siente que sus consideraciones --basadas siempre en una crítica respetuosa-- solo obtienen el silencio o la indiferencia por respuesta.

Una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado fue el escenario en estos días de una nueva discrepancia entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y los obispos, en una escena que se viene repitiendo --sistemáticamente y en diferentes ámbitos-- sobre distintos temas y cuestiones que ponen en evidencia desacuerdos sobre las formas de encarar los problemas de la sociedad.

En este caso fue el tratamiento en comisión del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo a expensas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además fue la persona que se apersonó ante los senadores para defender la propuesta. Entre los invitados por los legisladores se ubicó el arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, quien no solo criticó los fundamentos de la propuesta de ley, sino que advirtió acerca de lo que calificó como “un retroceso de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda” que generará más incertidumbre jurídica para 5 millones de personas que habitan en 6.467 barrios populares en todo el país.

Carrara es un obispo que tiene una larga trayectoria acompañando a la pastoral de la Iglesia Católica y a los sacerdotes que atienden a las personas que viven en barrios populares. Ha sido además un firme defensor de los proyectos de integración socio-urbana.

En un debate que se prolongó durante más de cuatro horas bajo la presidencia de los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta y la encuadró dentro lo que definió como los “dos pilares centrales” del gobierno de Javier Milei: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Para el ministro defensor de la motosierra estos dos últimos conceptos están estrechamente vinculados a la protección de la propiedad privada, señalando que la misma es “un requisito indispensable” para el desarrollo económico. Según el funcionario, la “fragilidad fiscal” del país contribuyó a “la vulneración” de los derechos de propiedad y, de esta manera, se desalienta la inversión local y extranjera.

Frente a ello el arzobispo Carrara centró su presentación en la defensa de la ley 27.453 de Barrios Populares (de “Regularización dominial para la integración socio urbana”) advirtiendo sobre la importancia de no avanzar con las modificaciones propuestas por el proyecto de ley porque significaría un retroceso en materia de políticas públicas orientadas a garantizar la vivienda. Pero además -dijo- porque “la discusión en torno a esta norma no puede reducirse a una oposición abstracta entre propiedad privada e intervención estatal” sino que debe tomarse en cuenta la situación de las personas que habitan en los barrios populares.

Para Carrara el proyecto impulsado por Sturzenegger “rompe una política de amplio consenso, abre la puerta a desalojos forzosos y elimina mecanismos que garantizaban compensación y resolución ordenada de conflictos, aumentando la litigiosidad”.

Según el arzobispo platense la ley 27.453 (aprobada de forma unánime en 2018 y ratificada en 2022) “consolidó la integración socio urbana como una política de Estado otorgándole un nivel de legitimidad institucional excepcional y una transversalidad a gobiernos de distinto signo político”. Porque –dijo Carrara—“los barrios populares no son fenómenos recientes ni situaciones transitorias” sino que “son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina”. Y recordó al mismo tiempo que “gracias al relevamiento realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) se cuenta con información fehaciente sobre las condiciones de esta realidad estructural: el 73 por ciento de estos barrios fueron conformados hace más de 20 años”.

Para Carrara los resultados de la aplicación de la ley “muestran la capacidad del régimen vigente para abordar una problemática estructural con instrumentos concretos y escalables” que se reflejan en 868.991 certificados de vivienda familiar (CVF), 13.038 de los cuales se entregaron durante la gestión actual. En cambio, para Sturzenegger después de una década de vigencia Ley 27.453 de Barrios Populares, solo logró regularizar “una porción mínima” de los casos lo que a su juicio demuestra la “ineficacia estructural del Estado” para realizar esa tarea.

El titular de Cáritas insistió además en que la reforma prevista elimina “los instrumentos centrales que sostienen el régimen de integración socio urbana” que consisten en la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles del RENABAP y la suspensión de desalojos durante los procesos de regularización.

El debate en las comisiones del Senado continuará en las próximas semanas, pero las cartas parecen echadas pese a las objeciones planteadas y a la resistencia de sectores de la oposición. Si bien los libertarios admitieron que se incorporen nuevos aportes al debate sobre el proyecto de ley, también insistieron en la urgencia de aprobar un dictamen que sea llevado rápidamente al pleno de la Cámara, donde dicen contar con los votos para su aprobación.

De concretarse se sumará a la agenda de las divergencias entre el gobierno de La Libertad Avanza y el episcopado católico que ya en octubre pasado y en vísperas de las elecciones intermedias había señalado la importancia de que “la verdadera victoria electoral” se transforme en un “renovado compromiso con el bien común, especialmente con los más pobres y frágiles, con quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad y la falta de oportunidades”. Más adelante el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, pidió especial atención a los grupos y personas afectadas por “situaciones de crisis y marginalidad”. A ello se sumaron declaraciones más recientes de diferentes instancias episcopales oponiéndose, entre otros temas, a la baja de edad de imputabilidad de jóvenes condenados por delitos violentos, la reforma de la ley de glaciares y reclamando atención para las personas con discapacidad.

“Hablamos, pero no nos escuchan y no atienden nuestros argumentos” siguen diciendo los obispos cuando se les pregunta sobre el diálogo con el gobierno de Javier Milei.

(*) Washington Uranga: Periodista, docente e investigador de la comunicación. Doctorado en Comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Editorialista del diario Página 12. Director del portal 4Palabras.

Nota de la redacción: En General San Martín, el censo del RENABAP dio como resultado el registro de 45 barrios populares, donde viven 24.309 familias. De ese total distrital, 12 barrios pertenecen al Área Geográfica Reconquista (AGR), que alojan a 18.508 familias (casi el 77 por ciento del total general). Desde luego que esta es una realidad dinámica y cambiante -dada la situación económica y social nacional- en paulatino aumento.

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“Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien; busquen el derecho, socorran al oprimido; defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces, vengan, y discutamos –dice el Señor–. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se volverán blancos como nieve; aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana.” (Isaías 1,16-18)

Para los cristianos, el tiempo previo a la Pascua, la Cuaresma, es tiempo de reflexión, de memoria y autocrítica, de revisión y compromiso militante con la vida. Vida que a Jesús le fue arrebatada, y vida que Dios le devuelve plena en la resurrección.

Para los argentinos, además, es tiempo de pensar, revisar y militar la vida haciendo memoria que hace 50 años se produjo un golpe de estado cívico militar con bendición eclesiástica, el más cruel que hemos conocido y que dio origen a una dictadura cruel y genocida.

Hacer memoria no se trata, simplemente de evitar un Alzheimer social, sino mirar bien de frente los horrores, los delitos, los crímenes y complicidades porque sabemos que se trata de algo perverso que disuelve de raíz los cimientos de la patria, se trata, en cristiano, de pecado. Y, ciertamente, pecado mortal, porque los muertos nos reclaman palabras y acciones. Palabras y acciones ¡hoy! Porque la memoria es viva y es activa.

Cuando ayer (y hoy) dijimos ¡nunca más!, no se trató de cerrar una etapa, sino de comenzarla. Nunca más al terrorismo de Estado o la violencia genocida que persisten en volver; nunca más a la imposición de modelos económicos, políticos, culturales que excluyan a los más débiles y pobres e impongan el poder de unos pocos sobre las mayorías y lo siguen haciendo; nunca más a la violencia al que piensa distinto y a una Iglesia cómplice de los poderosos. Porque militamos en favor de una patria para todos y todas y de una democracia participativa, en favor de una Iglesia de los pobres, iluminada por el ejemplo de las martiresas y los mártires de nuestra tierra, en favor de la justicia social, la vida para todas y todos, y una justicia que sea sencillamente “justa”.

Pero sabemos que, hace 50 años un grupo de poderosos impulsó un golpe que fue orquestado por las fuerzas armadas, y que cuando por su propia ineptitud, corrupción y mentira el modelo se deshizo, los poderosos se invisibilizaron dejando que fueran condenados los brazos armados, y no las cabezas impulsoras. Y, precisamente por eso, sabemos que esos mismos poderosos se resisten ayer y hoy a reconocer que su modelo es sólo eficaz para unos pocos y cruel con la mayoría. Y volvieron y siguen volviendo, negando el pasado, ocultando la muerte y travistiendo la justicia.

La memoria de los y las mártires, cristianos o no, nos impulsa e ilumina, nos fortalece y nos guía. Es otra la patria que pretendemos, es otra la mirada a las y los otros, obturada por el individualismo feroz. Es otro el mundo que soñamos e imaginamos posible. Sabemos, dolorosamente, que hay decenas de sujetos del ambiente político que han traicionado el voto que los puso en un lugar de decisiones, y esperamos que, en adelante, los pueblos ejerzan la memoria.

Por eso queremos repetir, como curas y cristianos: la justicia social es un valor fundamental para ser una patria de hermanas y hermanos. El trabajo digno, justo y bien remunerado es la base de la humanidad. La lealtad al pueblo de los pobres es el punto de partida de una sociedad en la que podamos convivir con la diferencia y poniendo a los pobres en el centro. La sangre que tantas hermanas y hermanos derramaron en nuestro suelo, sea siembra de una patria gestada con dolor, pero creciente en la esperanza y floreciente en vida y justicia, en verdad y en paz, en solidaridad y la libertad verdadera, que sólo puede vivirse en comunidad. Por eso rechazamos la esclavizante reforma laboral, la baja de edad de punibilidad, la reforma a la ley de glaciares, y los insultos que profiere el presidente a toda aquella persona que piensa distinto. Con tantos papas repetimos, ¡no a la guerra!; ¡no a unas "relaciones carnales” con los poderosos que oprimen y matan! Insistimos, ¡otro mundo es posible! Y no es por este camino. Reclamamos memoria, verdad y justicia, y ¡fueron 30.000!