Después de interminables trámites burocráticos y a pesar de una política pública provincial de achique y gradual desarticulación del plan, dos organizaciones sociales del barrio La Cárcova, comenzaron nuevamente con el primer año del "Fines 2" (Finalización de la Escuela Secundaria para Adultxs): El comedor "Los Alegres Pichoncitos", avenida Central entre Paso de la Patria y Costanera, ya lleva dos semanas de clases, y ayer comenzaron en la Biblioteca Popular "Cárcova" (foto), en Fray Luis Beltrán, entre Libertad y Combet, frente a la canchita conocida por el nombre de la fábrica lindante "CIMET.

Entre los años 2013 y 2015, llegarona funcionar siete sedes en el barrio, la mayoría de ellas con cursos en los tres años de estudios que abarca este plan educativo nacional, de los cuales han egresado numerosxs mujeres y hombres, algunxs de lxs cuales han continuado estudios terciarios. Desde 2016, gradualmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, las fue cerrando una a una, causando un vacío de oferta educativa para personas mayores de edad, que quieren continuar sus estudios y necesitan que se habiliten para ello, locales comunitarios próximos a sus casas, sobre todo en horarios nocturnos y en barrios alejados de los centros más urbanizados.

Desde SuárezCiudad señalamos en la editorial del 11 de marzo pasado, bajo el título "¿El cierre de secundarios llega a José León Suárez?", que no se entienden los motivos de los cierres de sedes comunitarias, ya que resultan no sólo más accesibles para lxs alumnxs, geográfica y socialmente, sino también muchísimo más económicas para el Estado provincial, ya que la infraestructura necesaria la proveen las organizaciones sociales -que también realizan la convocatoria y el eguimiento de lxs vecinxs  inscriptxs- y sólo debe proveer los salarios de lxs docentes, que además, en muchos aspectos están precarizados en su labor, sin estabilidad ni régimen de licencias, entre otras cosas. Frente a esta situación lo que corresponde legalmente, es regularizar la situación de lxs trabajadorxs de la educación, para mejorar así la calidad el plan y no desmantelarlo sin ofrecer alternativa.

Si el problema fuera la falta de alumnxs (se elevó la exigencia mínima de doce a veinte personas por curso), esto obliga a duplicar los esfuerzos de difusión y convocatoria o, eventualmente, fusionar cursos, pero no cerrarlos. Si la dificultad está en que las instalaciones son precarias, hay que mejorarlas con subsidios públicos, a través de la Dirección General de Infraestructura Escolar, que cuenta con profesionales arquitectxs en el distrito para supervisar las obras, ya que su uso está siendo cedido gratuitamente por la organizaciones al gobierno provincial para que cumpla con su obligación constitucional de atender a la educación de la población.