Por Alberto Palacios (*)
La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, el pasado lunes 22 de junio, dictó sentencia en el Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos de José León Suárez ocurridos en junio de 1956. Las audiencias se desarrollaron en el anfiteatro municipal “Hugo del Carril”, edificado sobre los terrenos donde ocurrieron los hechos juzgados.
Según la jueza deben ser considerados delitos de lesa humanidad, responsabilidad del Estado argentino. También ordenó la rehabilitación del honor y buen nombre de las víctimas, la publicación del fallo en organismos oficiales, la incorporación de estos hechos en los diseños curriculares educativos, la instalación de placas conmemorativas y la creación de un sitio de memoria en el predio de los antiguos basurales de José León Suárez.
Desde el punto de vista institucional es importante esta sentencia y tiene un valor histórico y un impacto enorme en la comunidad. Desde un primer momento, cuando hicimos la denuncia, nosotros pedimos la declaración de Lesa humanidad. Consideramos que estos hechos trascienden el dolor de las víctimas y sus familiares. No solamente fue un ataque a ellos, sino que fue un ataque a todo el pueblo argentino y a todo el pueblo peronista, en particular.
Sin duda, estos hechos ocurridos el 9 y 10 de junio de 1956, no pueden quedar al margen de otros hechos de terrorismo de Estado que cometieron estos criminales que se apoderaron del poder en 1955. Deben integrarse a los bombardeos sobre la Plaza de Mayo de junio, al golpe de Estado y las muertes de septiembre de ese mismo año, a la persecución y la proscripción al peronismo, a la cantidad de dirigentes y militantes detenidos y encarcelados, en condiciones inhumanas, alojados en lugares como los que luego -en la dictadura iniciada en 1976- se van a conocer como “centros clandestinos de detención”.
Que sean delitos de Lesa humanidad, como reconoce la sentencia, los hace imprescriptibles, es decir que su juzgamiento puede ser llevado adelante sin importar el transcurso del tiempo. Es por eso que después de setenta años podemos hacerlo. Como todos los imputados ya fallecieron, no se les impuso una pena de cumplimiento efectivo, pero la sentencia establece que por los delitos cometidos les hubiera correspondido prisión perpetua, de cumplimiento efectivo y en cárcel común.
Que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General San Martín haya declarado de interés legislativo la sentencia, es algo muy importante para nosotros, para los familiares y para toda la comunidad de San Martín. Es un reconocimiento institucional porque la sentencia, en uno de los puntos, indica la necesidad de que el Estado -municipal y provincial- dicte estas normas de reconocimiento legislativo(**).
El Poder Judicial estaba obligado -desde hace ya setenta años- a llevar adelante una investigación y efectivizar un juzgamiento de estos represores. No lo hizo en ese momento. Los familiares son los que impulsaron fuertemente todo el camino recorrido de Memoria, Verdad y Justicia. Cada año venían a lo que fueron los basurales de José León Suárez, donde hoy está el monumento que se levanta para recordar a las víctimas, a efectuar sus homenajes. Ellos y ellas permitieron que la memoria encuentre un hueco, por donde meterse y estallar ahora, setenta años después. Para nosotros ha sido un verdadero honor acompañarlas, y todo lo que dictaminó la jueza es un acto reparatorio muy necesario, que estaban esperando desde hace muchos años.
La sentencia establece responsabilidades, pero también determina una serie de actos que tienen que ver con el fortalecimiento de la memoria, la reivindicación de las víctimas y que la verdad sea conocida en todos los ámbitos. En particular en el sistema educativo. Hay sitios de memoria vinculados a estos hechos que no se encuentran señalizados, por ejemplo el Hospital Eva Perón, donde fueron “tirados” los cuerpos de los muchachos asesinados, en una especie de morgue, donde los fueron a buscar dos días después los familiares, en condiciones absolutamente tremendas.
Los cuerpos fueron llevados en una camioneta policial, de noche, al cementerio, sin permitirles ni velatorio, ni despedida, ni flores, con custodia policial para verificar el momento exacto del entierro. La situación que vivieron los familiares fue tremenda. De acuerdo a la sentencia, van a ser señalizados el hospital y las comisarías donde fueron detenidos y torturados los que se salvaron del fusilamiento.
Todo el juicio fue una clase magistral de construcción de ciudadanía, de instrucción cívica y de historia de la verdad. Más allá de la persecución de justicia y el logro que se obtuvo, todas las audiencias nos dieron la oportunidad de fortalecernos como ciudadanos a aquellos que estuvimos presentes. Pudimos dejar de lado la intención de aquella dictadura inaugurada en 1955, de envolver en un manto de olvido y de impunidad estos hechos. Esto ayuda a fortalecer nuestro compromiso democrático y el de las generaciones futuras, de los pibes y las pibas que están estudiando en la escuela secundaria y en la Universidad, porque es la única forma de que nuestro pueblo viva feliz.
Creo que ese es el gran mensaje que dejan la sentencia, y las declaraciones de interés legislativo: que fortalecer la memoria y la verdad nos permite fortalecer nuestra ciudadanía y reivindicar a un Estado democrático, en el que el pueblo trabajador se sintió dignificado por el reconocimiento de sus derechos, y que esos represores del año 1955, quisieron anular y aniquilar.
(*) Abogado querellante, representante de familiares de las víctimas y de la Comisión por la Memoria de General San Martín.
(**) Los diputados Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli presentaron un proyecto de declaración de Interés legislativo, respecto del fallo de la jueza Vence, en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Nota de la Redacción: Entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956 se realizó un allanamiento ilegal en una vivienda con frente a la calle Hipólito Yrigoyen, en el partido de Vicente López. Allí fueron secuestradas doce personas y llevadas a la comisaría 1° de San Martín, para luego trasladarlas hasta los basurales ubicados en 9 de julio y ruta Márquez, en José León Suárez, para ser fusiladas. Allí murieron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Sobrevivieron Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.
Los hechos juzgados se relatan con detalle y precisión histórica en la obra del escritor y periodista Rodolfo Walsh “Operación masacre”, y en la película homónima dirigida por Jorge Cedrón.
Recomendamos las entrevistas realizadas en el programa “La voz en el aire”, por el streaming de FM Reconquista al Dr. Alberto “Pepe” Palacio y a la periodista Laura Lagar, coautora, junto a Gastón Enrique Garrida, del libro “Después del basural”: https://www.youtube.com/watch?v=uiOE1TyYj3A
https://www.youtube.com/watch?v=KKXMA_HTWYM
También la lectura del cuento de no ficción “Ojos”, en nuestra sección “Crónicas del Negro Suárez”, donde nuestro director, Raúl Bermúdez, relata en primera persona, su infancia como vecino de las familias de los fusilados, secuestrados a metros de su casa familiar, unos días antes de su nacimiento.